Después de la unión de los estados de España en la persona de Carlos I, Cataluña mantuvo sus propias instituciones hasta el final de la Guerra de Sucesión (1716), tras la que Felipe V abolió el régimen constitucional vigente durante siglos, aplicando el derecho de conquista, e implantó en Cataluña un régimen basado en el estado de excepción y la más dura represión, que eliminó todas las instituciones autónomas.
La llegada de la Segunda República en 1931 trajo consigo el reconocimento de un gobierno autonómico, que había tenido un efímero aunque significativo precedente en marzo de 1873, cuando se proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal de España. Muy pronto se elaboró un proyecto de Estatuto de Autonomía que fue ratificado por las cortes españolas en septiembre de 1932. En abril de 1938, la entrada en Cataluña de las tropas del general Franco puso fin al Estatuto catalán e impuso la nueva situación.
Con la instauración de la democracia, Cataluña se unió rápidamente a la política de autonomía regional del nuevo régimen que, después de una restauración temporal de la Generalitat, culminó en la elaboración del actual Estatuto Autonómico, aprobado el 25 de octubre de 1979.