Extracto del libro: "España, más allá del mito", de Carlos Alonso Zaldívar y Miguel Castells, 
Alianza Editorial, Madrid, 1992.

El sector de bienes raíces y la industria de la construcción han crecido pero la situación de la vivienda ha empeorado, sobre todo en las grandes ciudades, y a costa de las generaciones más jóvenes y las nuevas familias, que se han visto obligadas a buscar vivienda en un rígido mercado de bienes raíces sujeto a una fuerte especulación. La actual crisis de la vivienda en España ha provocado básicamente que las nuevas familias queden apartadas del mercado de bienes raíces porque son incapaces de pagar los precios de las viviendas. Se estima que el precio de la vivienda ha aumentado un 67% entre 1987 y 1990, mientras que los ingresos familiares durante este período, según el Estudio de los Presupuestos Familiares, subió por debajo del 28%. El diferencial entre el precio de la vivienda y los ingresos familiares subió mucho más en las grandes ciudades. La crisis hizo que los jóvenes se emanciparan económicamente de sus padres a una edad más tardía en los años 80. En 1991, conseguían independizarse alrededor de los 27 años. También se elevó la media de edad a la que los jóvenes se casaban en España, en el período 1980-87, de 24,9 a 26,3 años. La tragicomedia de asegurarse un pisito con el fin de poder casarse es todavía una característica de los noviazgos en la España de los 90. El hecho paradójico que demuestra la naturaleza puramente especulativa de la inversión en vivienda en estos años es que, a pesar de la crisis en la vivienda, el número de casas desocupadas en España ha aumentado hasta el 15,8% del total en 1991. Si a esto añadimos el número de segundas viviendas, que son el 15,4% del total, obtenemos el porcentaje de viviendas en el país que no son utilizadas como vivienda principal, un 31% en 1991.

El Partido Socialista y el Gobierno respondieron a las críticas en el período anterior a las elecciones municipales de 1991, comprometiéndose a iniciar una nueva política de viviendas destinada a proporcionar alojamiento, en el plazo de cuatro años (1991 a 1995), a 460.000 familias a precios razonables o rentas asequibles, y a revisar el Acta de Rentas, con el fin de mejorar la situación, comparativamente insegura, de los arrendatarios. Para cumplir estas promesas, el Gobierno tiene que revisar los acuerdos de financiación existentes y las ventajas fiscales, y debe aumentar substancialmente los gastos del sector público en vivienda, que se sitúan actualmente entre el 0,7 y el 0,9 del PIB (de acuerdo con varias estimaciones), el nivel más bajo de la Comunidad Europea.