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La Recuperación de las Libertades y la Normalización
de las Relaciones Internacionales
Los objetivos generales de la política exterior durante los dos
gobiernos de Adolfo Suárez, ambos con Marcelino Oreja en el puesto
de ministro de Asuntos Exteriores, eran los de la normalización
de las relaciones internacionales y tratar de poner a España
a la altura de las democracias de la Europa occidental. El consenso alcanzado
sirvió perfectamente para alcanzar estos dos objetivos; fue notable
el papel, normalmente ocupado por un político de Estado, que desempeñó
el rey Juan Carlos quien, con una intensa agenda internacional, contribuyó
decisivamente al éxito de la política exterior.
Se establecieron relaciones diplomáticas con todas las naciones
del mundo excepto Israel, Albania y Corea del Norte y se normalizaron las
relaciones diplomáticas con los países socialistas, incluyendo
la Unión Soviética el 9 de febrero de 1977, y con México,
que había mantenido una postura de solidaridad con la España
republicana y su Gobierno en el exilio, el 28 de marzo de 1977. Fueron
replanteadas las tradicionales relaciones con Latinoamérica; la
retórica del pasado fue reemplazada por unas opciones viables de
cooperación. Un paso significativo en este proceso fue, por ejemplo,
la sustitución del Instituto de Cultura Hispanoamericana por el
Instituto de Cooperación Iberoamericana.
Fueron asumidos los compromisos internacionales en la esfera de los derechos
humanos , tanto a nivel de las Naciones Unidas como dentro del Consejo
de Europa. El 28 de septiembre de 1976 se firmaron los Tratados Internacionales
sobre Derechos Políticos y Civiles y sobre Derechos Culturales y
Económicos, que entraron en funcionamiento en 1977, y, a finales
de ese mismo año, España entró a formar parte del
Consejo de Europa y firmó la Convención Europea para la Protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Básicas.
El 28 de julio de 1977, España presentó su solicitud formal
como miembro de la Comunidad Europea, recibiéndose una respuesta
favorable del Consejo de Ministros de la Comunidad en septiembre de ese
mismo año.
La rápida y progresiva incorporación del país a la
comunidad internacional se hizo posible gracias a los avances conseguidos
en la fundación de un sistema constitucional democrático
y fue extremadamente beneficiosa para la política de consenso acordada
por los principales grupos políticos y que les permitió dejar
de lado asuntos potencialmente conflictivos. Por primera vez en muchos
años, las políticas interior y exterior avanzaban de la mano,
apoyándose mutuamente en la afirmación de los intereses españoles.
El proceso de adhesión de España a los principales instrumentos
jurídicos internacionales para la protección de los derechos
humanos fue seguida por la aprobación de la nueva Constitución
en diciembre de 1978. En este ámbito, fue importante la ratificación,
en abril de 1980, de la Carta Social Europea y de la Declaración
de junio de 1980, reconociendo la competencia de la Comisión Europea
de Derechos Humanos para actuar en demandas individuales. La ruptura del
consenso en política exterior se produjo como resultado del anuncio
de Marcelino Oreja, el 15 de junio de 1980, del plan del Gobierno de abrir
negociaciones para la adhesión de España a la OTAN. Esta
ruptura ocurrió en el momento más oportuno ya que el partido
en el Gobierno, UCD, había entrado en un proceso de crisis interna
que llevaría a su desaparición. La sustitución de
Marcelino Oreja y José Pérez Llorca, a finales de 1980, y
la dimisión del presidente del Gobierno Adolfo Suárez, en
enero de 1981, pusieron en evidencia la reconocida inestabilidad del gobierno
centrista. El nuevo gabinete, presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, estuvo
marcado en sus primeros momentos por el intento de golpe de Estado del
23 de febrero de 1981 y por una nueva dirección en política
exterior, que iba a acelerar la integración de España en
la OTAN en un contexto de complejidad interna, caracterizada por el débil
apoyo parlamentario, la opinión pública adversa y un partido
en su etapa final de deterioro.
En estas circunstancias se iniciaron las difíciles negociaciones
para la renovación del acuerdo de 1976 con Estados Unidos, que estuvieron
profundamente condicionadas por el proceso de incorporación de España
a la OTAN. Tras varias sesiones de negociación infructuosas, los
Gobiernos español y americano decidieron, en septiembre de 1981,
prolongar el acuerdo durante 8 meses más, paralizando la renovación
hasta que concluyera la adhesión de España a la OTAN, lo
que se produjo el 29 de mayo de 1982. El 2 de julio se firmó el
nuevo Acuerdo de Amistad, Defensa y Cooperación, pero su ratificación
no se produjo hasta abril de 1983, después de que el Gobierno formado
por Felipe González, líder del Partido Socialista, ganador
de las elecciones de octubre de 1982, hubiera negociado y firmado un protocolo
adicional al Acuerdo con los Estados Unidos.
Reconocimientos