Como consecuencia, la dramática subida del precio del petróleo no se tradujo en un aumento del precio de los productos derivados ni en la adaptación de la industria a las nuevas condiciones del mercado, manteniéndose mediante subsidios del Estado. Lo que es más, los trabajadores no aceptaron las moderaciones de salario que debían aplicarse para afrontar la caída en la producción, como consecuencia de la subida de un factor tan esencial como el petróleo. Además, la industria española era particularmente sensible a la nueva situación económica, dado que consumía una gran cantidad de petróleo, fue muy afectada por la caída de la demanda mundial de acero e industria naviera, y era menos competitiva que los nuevos países industrializados del sudeste asiático en la industria textil y del calzado. Todo ello acarreó las siguientes consecuencias: un notable incremento en el déficit público, debido al mantenimiento artificial de los precios interiores de los productos derivados del petróleo así como por los subsidios a las empresas para compensar sus pérdidas; una caída en picado de los beneficios comerciales, como consecuencia del crecimiento de los salarios nominales, mucho más elevado que el crecimiento del valor productivo del trabajo. La disminución de los márgenes empresariales, unido al deterioro de sus expectativas, tuvo un efecto inmediato en la inversión productiva e hipotecó las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo.

A partir de ahí, como el déficit no estaba financiado de una manera ortodoxa, restaurando el mercado de capital, sino apelando al Banco de España, se impulsó un fuerte proceso inflacionista. Resumiendo, para paliar la pérdida de ingresos reales, que era consecuencia de la crisis energética, las autoridades económicas intentaron hacer arreglos en vez de ajustar los precios nacionales de los productos derivados del petróleo al precio del crudo y aplicar una política financiera expansiva (monetaria y fiscal). Estas políticas de demanda expansiva, junto con la apreciación del factor trabajo, alimentaron una espiral inflacionista originada por la subida del precio del petróleo.

Al mismo tiempo, las acciones tanto de las autoridades económicas como de los distintos agentes sociales incrementaron el deterioro de la balanza de pagos, ocasionado por la creciente importación que seguía soportando la economía. Este deterioro no fue corregido por la devaluación de 1976. Como la economía estaba fuertemente limitada, el incremento en la competitividad derivado de la devaluación fue enseguida equilibrado por el incremento de los precios debido al mismo motivo. Lo que es más, como el desequilibrio interno no era el resultado del exceso en el gasto interior, la devaluación no fue capaz de ajustar la demanda interna a un nivel similar a la producción interna. El progresivo deterioro de la balanza tuvo repercusiones negativas en las expectativas de los inversores extranjeros y una consecuente reducción en la inversión extranjera no consiguió financiar el déficit. Por ello, tuvo que ser financiado recurriendo a los fondos de reserva, creándose una fuerte deuda y provocando una situación que no podía prolongarse mucho más. Las autoridades se vieron entonces forzadas a reconocer la necesidad inevitable de adoptar unas medidas de ajuste a la nueva relación del factor precio.

Las primeras medidas drásticas de ajuste macroeconómico se adoptaron en 1977, en los llamados Pactos de la Moncloa. Estas incluían la devaluación de la peseta, acompañada de una política monetaria moderadamente restrictiva, y una política de ingresos junto con un compromiso para iniciar la reforma estructural. Todo esto se acordó con el consenso de las principales fuerzas políticas. Sin embargo, la industria española no pudo adaptarse a los nuevos parámetros de precios y demanda y el problema persistió incluso después de la crisis de 1979. Entonces, se produjo un nuevo incremento de los desequilibrios inflacionistas y del desempleo, acompañados del deterioro en las cuentas del Estado y en la balanza de pagos, generándose una situación de incertidumbre económica que no fomentó la inversión y perpetuó el estancamiento. En pocas palabras, se incrementaron los desequilibrios y no se alcanzó ningún consenso para corregirlos. En el período de 1975 a 1982, el Producto Interior Bruto (PIB) creció a una media anual del 1,5% en términos reales y la formación de capital neto disminuyó a una media de 2,5% en términos reales.

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