Para paliar estos síntomas de recalentamiento, se adoptaron varias medidas con respecto a la demanda y a la oferta. Las primeras estaban dirigidas a reducir el crecimiento de la demanda, mientras que las segundas se pusieron en marcha con el fin de incrementar el crecimiento potencial o no-inflacionista de la economía. Se diseñó una política de ingresos para complementar esta combinación de medidas de oferta y demanda y, a partir de entonces, estas han sido las coordenadas de la política económica, respaldados por los criterios de convergencia de Maastricht de diciembre de 1991.
Con respecto a la demanda, se puso en marcha una política financiera restrictiva (monetaria y fiscal).
En conclusión, después de 1989, el Gobierno puso en vigor medidas restrictivas de la demanda con el fin de corregir los desequilibrios de la economía. Se consideró necesario marcar unos objetivos para la mejora de la infraestructura y de los beneficios sociales compatibles con la corrección del exceso de demanda, y el Estado realizó un esfuerzo para contener la política fiscal mediante la limitación de ciertos gastos de la hacienda pública.
Es especialmente interesante cómo la moderación en los gastos de la hacienda pública se complicó, a medida que se prolongaba la desaceleración de las actividades económicas. Como consecuencia, en los presupuestos de 1993, se tomaron medidas severas, tal como la eliminación de la cláusula de revisión de salarios de los empleados del sector público, basada en la inflación, o la congelación del empleo público durante 1992 y 1993. Estas medidas demostraban el deseo del Gobierno de cumplir con los criterios de Maastricht y reducir el déficit público.
Con respecto a la oferta, se adoptaron una serie de medidas estructurales destinadas a crear una economía más flexible, menos inflacionista y más eficiente.
Como complemento a estas políticas de demanda restrictiva y oferta más flexible, el Gobierno, preocupado por el desarrollo de los costes laborales y la pérdida de competitividad económica, intentó estimular una política de ingresos en varias ocasiones.
