Los gastos no financieros del Estado ascendieron al 21,6% del PIB en 1985 y, ascendió al 23,2% en 1989, manteniéndose mas o menos a este nivel hasta 1991 (23,7% del PIB). Sin embargo, al evaluar el carácter expansionista o restrictivo del gasto público, la Administración Central y la Administraciones Territoriales deben ser consideradas por separado ya que, en los últimos tres años, el gasto de estas últimas ha sido expansionista, lo que supone un riesgo para el cumplimiento del objetivo de reducir el déficit público tal y como se estipula en el Programa de Convergencia.

A fin de resolver estos problemas, dentro del marco de la reforma financiera de las Administraciones Territoriales, a principios de 1992 se alcanzó un acuerdo de coordinación de la política fiscal con las Comunidades Autónomas, en un contexto de demandas excesivas, con una política monetaria que soportaba el peso de una política de demanda restrictiva y un gasto público ligeramente expansionista, se produjo un alto incremento en los tipos de interés que entorpeció las inversiones e hipotecó el futuro potencial de crecimiento. La corrección de esta tendencia expansionista en los gastos de las Administraciones Territoriales permitiría a la política fiscal desarrollar un papel más destacado en la contención de la demanda, que llevaría a unos intereses más bajos.

La evolución de los gastos del Estado en el curso de estos años ha venido marcada por el esfuerzo realizado para incrementar la competencia de la economía, reforzando la inversión pública en infraestructuras, gastando en el área de la formación profesional e invirtiendo en educación.

En 1986, los gastos de las administraciones públicas ascendieron aproximadamente al 3,5% del PIB y, desde entonces, incrementó gradualmente hasta llegar alrededor del 5% del PIB en 1989, una cifra que permaneció constante en los años siguientes. De 1986 a 1992, los gastos de inversión publica en la Comunidad Europea se mantuvieron, de media, cerca del 3% del PIB.

Dado que el nivel en infraestructuras en España es apreciablemente inferior al del resto del Mercado Común, cualquier intento de convergencia económica exige una inversión mayor que en los otros países. En 1988, existían 0,63 km. de carretera por kilómetro cuadrado, comparado con el 1,98 km. de Alemania, 0,025 km. de vía férrea por kilómetro cuadrado comparado con los 0,109 de Alemania, y 352 teléfonos por cada mil habitantes, siendo la cifra de Alemania de 570 aparatos por cada mil habitantes. Las diferencias entre España y Francia, Italia o el Reino Unido son también significativas.

En este contexto, el incremento de los fondos estructurales comunitarios y la creación del llamado Fondo de Cohesión ayudará a España a realizar las inversiones necesarias con el fin de continuar una aproximación a los niveles medios comunitarios en infraestructuras.

Los presupuestos de 1991 marcaron el gran crecimiento de los fondos transferidos que corresponde al incremento de los gastos del Instituto Nacional de Empleo como resultado del aumento de los subsidios de desempleo, el aumento del desempleo rotatorio y la existencia de ciertas deficiencias en el manejo y control de sus gastos. El rápido crecimiento registrado en estos gastos y el déficit generado por el sistema de los seguros de desempleo obligó al Gobierno, mediante la ratificación de un decreto, a corregir esta tendencia que amenazaba con arruinar e incluso echar abajo el sistema. Estas medidas, que sin duda fueron  muy impopulares, no solo contrarrestaron unas tendencia del gasto público que hubiera tenido consecuencias muy serias, sino que además introdujeron algunas reformas en el funcionamiento del mercado laboral con vistas a promover una búsqueda activa de trabajo.

La evolución de los ingresos y gastos del sector público produjeron una notable reducción en el déficit público durante unos años de gran crecimiento. Esta tendencia se rompió entre 1990 y 1992, años en los que el déficit público disminuyó al 4,4% del PIB, comparado con el 4,9% de 1991.

Las dificultades experimentadas en la reducción del déficit de la administración pública en los años de profunda recesión económica se dejaron sentir también en el resto de los países del Mercado Común. Las exigencias fiscales de las administraciones públicas de los 12 Estados de la Comunidad Europea fueron del 2,9% del PIB de media, siendo del 5,3% las estimaciones para 1992.

La evolución de la deuda pública fue relativamente moderado en estos años. En 1986, el nivel de deudas en el sector público activo en España fue del 39,7% del PIB y llegó al 43% en 1990. La cifra correspondiente a 1992 fue de aproximadamente el 46% del PIB, mientras que la media europea de ese año fue del 64,2% del PIB. En 1993, fue el 54,5% del PIB.

La estructura de la deuda en España en la actualidad se inclina más o menos hacia el corto plazo, lo que significa que la financiación del Tesoro no será una tarea fácil. Por ejemplo, cerca de 94.000 millones de pesetas en Bonos del Tesoro vencieron en 1993, una cantidad equivalente al 14,9% del PIB estimado para 1993.