Para corregir esta situación, se siguió una política de ajuste gradual a medio plazo, de acuerdo con varias medidas propuestas por las organizaciones europeas, con el objetivo de reducir los desequilibrios básicos: inflación, deuda externa, deuda pública y desempleo. Al mismo tiempo, estas medidas iban destinadas a corregir las desigualdades macroeconómicas; se acometió un necesario y retardado ajuste industrial que se desarrolló gradualmente con el fin de mitigar los inevitables costes sociales. De esta manera, las autoridades se esforzaron por establecer las bases de un crecimiento sostenido y preparar la economía española para su futura entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE). Después de un período de ajuste de tres años, la economía entró en una fase de expansión, coincidiendo con un clima internacional favorable y, el 1 de enero de 1986, se hizo realidad la adhesión de España a la CEE.

Si la situación general se hizo más favorable a partir de 1986, fue debido a la caída del precio del petróleo (de 27 a 15 dólares por barril) que se registró en 1985, lo que estabilizó el año siguiente. Este hecho fue incluso más beneficioso para los países importadores de crudo, ya que supuso un incremento en sus ingresos nacionales mediante una mejora en la situación real de la moneda. El buen clima internacional se completó con una caída de los tipos de interés, estimulándose así la inversión. Por último, la lenta depreciación del dólar, que había ido subiendo ininterrumpidamente de 1980 a 1985, disminuyó las presiones inflacionistas. Con la caída y moderación de los precios internacionales, sobre todo del petróleo, el dinero y el dólar, la economía internacional en general, y las economías de los países industrializados y de España en particular, entraron en un estado prometedor de crecimiento expansivo.

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