Debido a este incremento, el índice de participación - relación entre la población total y la población activa- subió del 48,8% al 49,7%, y el índice de actividad de las mujeres aumentó del 29,6% al 33,5%, aunque todavía muy por debajo de la media de la Comunidad Europea.

Este período de fuerte creación de empleo fue acompañado de un alto incremento salarial, en términos nominales y reales, pero no del correspondiente aumento en la productividad, lo que llevó a un aumento considerable en los costes de unidad laboral. Todo esto, unido a la existencia de una peseta fuerte, provocó la pérdida gradual de la competitividad de la producción española. Entre los años 1986-1990, la media de aumento salarial fue de 7.4, con un índice de inflación medio de 6,5%.

En el período 1991-1992, la producción creció el 1,75% en términos reales mientras que el empleo disminuyó en una media anual del 0,85%. Los salarios aumentaron en un 8,5% de media, lo que indica una caída en la creación de empleo que no se correspondía la disminución de la producción, sino con el aumento de los costes del factor trabajo y su sustitución por capital. En la fase expansiva de la economía, cuando la fuerte demanda permitía a las compañías convertir los altos costes en altos precios sin reducción de ventas, los aumentos salariales habían sido inflacionistas pero no habían provocado desempleo. Sin embargo, durante los años de baja demanda, se hace difícil para las empresas traducir los altos costes en altos precios, y esto lleva a intentar reducir los costes mediante reducciones de personal.

Las peticiones de subida salarial en 1990 (un 8,8% por trabajador) no tuvieron un impacto inmediato en la reducción del empleo. Esto ocurrió más adelante, debido a la idea de trabajo como de un factor casi fijo en la producción. Sin embargo, dado que las demandas de subida salarial continuaron en 1991 y 1992, las empresas empezaron, por fin, a reducir el número de plantilla.

El índice de desempleo, proporción entre población activa y sin trabajo, era del 20,6% - unas 3.047.100 personas- en el último trimestre de 1992, de acuerdo al estudio de población activa. Esta cifra era considerablemente mayor a la media de desempleo de la Comunidad Europea, que en ese mismo período estaba ligeramente por encima del 10%.

Era de esperar que las uniones sindicales, sensibles al clima económico menos favorable, y conscientes del impacto de sus peticiones en el mercado laboral, moderaran sus demandas salariales a partir de 1993.

El desempleo, endémico en la economía española, ha tenido unas consecuencias sociales menos drásticas de lo que se podía esperar en un principio, en primer lugar, debido al notable aumento de la cobertura de los subsidios de desempleo, que se ha extendido desde un 38,8% de nivel de cobertura neta en 1983 a un 84,4% en 1992. En segundo lugar, el nivel de desempleo entre los jóvenes y las mujeres es generalmente mayor que entre los hombres, y finalmente, aunque es difícil de cuantificar, el desempleo efectivo es apreciablemente inferior al que nos ofrecen las estadísticas.

El Gobierno reiteró en varias ocasiones la importancia del desarrollo de unos incrementos salariales en línea con los registrados en el resto de la Comunidad Europea y, para dar ejemplo, fijó un incremento salarial del 2% para los empleados del sector público en 1993 y ningún aumento en 1994.

Valores del mercado laboral en España en septiembre de 1994:

     - población activa:      15,485,800
     - población con empleo:  11,787,500
     - índice de participación:        48.99%
     - población sin empleo:   3,698,499
     - índice de desempleo:            22.40%

Reconocimientos